Llega octubre y en apenas unos días gran parte de los pueblos de nuestra provincia volverán a estar tan solitarios como siempre. Los últimos veraneantes marcharán a las grandes urbes; los bares volverán a quedar prácticamente con sus cuatro abuelos de siempre jugando a las cartas, mientras que los dueños de las tiendas y supermercados, cada vez más escasos en nuestra geografía, verán como buena parte de sus productos no encuentran una clara salida ante la falta de clientes.
¿Cuántos niños quedan este año en la escuela del pueblo? Difícil pregunta que se hacen los vecinos en muchos municipios. Sabemos, por ejemplo, que este curso ha abierto la escuela de la localidad de Albendea pero ha cerrado la del pueblo de Las Majadas y ahí seguimos, hablando del tema de la despoblación, un tema que se repite de vez en cuando en los medios, que vende muy bien en política y al que parece que realmente nadie sabe o quiere dar una solución definitiva.
Vemos que hay cientos de estudios e informes que hablan sobre provincias como la nuestra, que se encuentran por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (h/km²), lo que las sitúa en lo que se ha venido a denominar desde Europa como “áreas escasamente pobladas”. Asimismo, buena parte de Cuenca se encuentra dentro de un territorio interprovincial conocido como “Serranía Celtibérica”, que acoge territorios por debajo de los 8 h/km² y que reciben el nombre de “áreas muy escasamente pobladas”. Por último, diversas comarcas que también podemos encontrar dentro de nuestra provincia y que, aun enmarcándose dentro de esta última categoría mencionada, se encuentran muy alejadas de la cifra anterior. Ejemplos claros de esta situación los vemos en La Alcarria Conquense, con 3,65 h/km²; o en La Alta Serranía de Cuenca, cuya cifra de habitantes ha bajado ya a los 1,51 h/km² en el censo oficial, un ratio de población al que todavía nadie se ha decidido a ponerle un nombre oficial.
Pero, más allá de esos estudios… ¿Qué es lo que se hace para revertir realmente esta situación? Si preguntamos al común de las personas que habitan nuestros pueblos la respuesta será clara: nada. Y es que, año tras año, vemos como la despoblación, esta muerte lenta que padecen nuestros municipios va en aumento, sin que en definitiva ninguna institución o gobierno de los que han regido el destino de nuestro país, y ya van catorce legislaturas, parezca que sepa dar con la solución a este problema.
Mientras, eso sí, vemos más a menudo de lo que quisiéramos, cómo los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, así como las diputaciones e incluso distintos ayuntamientos se embarcan en obras faraónicas y muchas veces inútiles que luego dejan olvidadas como si el problema no fuese con ellos. Sin salir de nuestra provincia, podemos ver claros ejemplos de este tipo de proyectos, siendo quizás uno de los más hirientes a la vista el conocido como “Bosque de acero” de la ciudad de Cuenca, una construcción que costó 7,7 millones de euros al erario público y que a día de hoy sigue parada sin que nadie después de haber transcurrido más de 10 años desde su inauguración haya sabido darle ningún tipo de uso continuado en el tiempo.
Otro de los problemas ocurre en muchos de nuestros municipios cuando hay que enfrentarse a proyectos indeseados. En este caso, el máximo exponente puede que sean las macrogranjas que, demasiadas veces, le son impuestas a la fuerza a los vecinos de los pueblos, sin que estos puedan hacer mucho para luchar contra los bufetes de abogados de las industrias cárnicas que las respaldan.
Esto se debe a que, desde hace unos años, se ha decidido que este tipo de industria sea tratada como un sector prioritario por la administración castellano-manchega, otorgándose a las macrogranjas ayudas, por ejemplo, de hasta el 65% de la inversión a través de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Unas ayudas que están llevando a una proliferación de estas instalaciones, sin que parezca importarle al gobierno de Castilla-la Mancha los problemas que las mismas puedan generar, si las mismas pueden hacer tambalearse el futuro del sector turístico de nuestra provincia; ni tampoco por el lado medioambiental, los problemas que pueden producirse en nuestros acuíferos, tal y como se ha visto que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, que ya padecen este problema desde hace años y que, independientemente de la instalación de estas industrias, han visto como el problema de la despoblación iba cada año en aumento, en contra de los beneficios que los gurús que defienden este tipo de industrias habían prometido.
Por otra parte, proyectos que de verdad servirían como un verdadero revulsivo contra el problema de la despoblación en nuestra provincia se quedan paralizados y sin que parezca que se les quiera dar una salida por parte de las instituciones. Este es, por ejemplo, el caso de las residencias de la tercera edad que se iban a abrir en las localidades de Beteta y Cañete, que también llevan paralizadas por cuestiones políticas más de 10 años y que generarían entre las dos, entre 70 y 80 puestos de trabajo directo. Residencias que servirían de apoyo a los pequeños comercios de sus alrededores y que podrían hacer remontar la población en estas comarcas y por ende, en toda la provincia. Eso por no hablar de los beneficios que producirían en los residentes, al permitir que los abuelos y las abuelas de los pueblos no tuviesen que emigrar a las ciudades, dejándoles pasar sus últimos días en las tierras que los vieron crecer y donde hicieron sus vidas.
Todos estos sinsentidos lo que llevan a pensar es que, en el tema de la despoblación, realmente no existe ninguna hoja de ruta ni previsión a largo plazo por parte de nadie. Que las acciones que se realizan por parte de los partidos políticos de turno son llevadas a cabo tan solo con la intencionalidad del volumen de votos que prevén que dichas acciones les puedan rentar para futuras elecciones, convirtiendo a los municipios en simples filiales en los que invertir o no, dependiendo del color político, sin ni siquiera pensar en las verdaderas necesidades de los vecinos y del territorio, sino en el rédito a lograr en los mismos.
Esto nos lleva a una gran paradoja: los políticos que son elegidos en diputaciones y comunidades autónomas, que deberían de velar por sus territorios, finalmente lo que hacen es obviar su obligación y embarcarse en una, podríamos llamarla partida de ajedrez, donde lo que buscan es imponer sus criterios y mantener feudos, defendiendo a sus respectivos partidos políticos y los intereses de los mismos por encima del interés de los votantes.
Quizás, la pregunta que deberíamos plantearnos no es tanto si el problema de la despoblación tiene alguna solución o no. Quizás la pregunta debería de ser, visto lo visto, si por parte de los políticos se quiere, de verdad, trabajar para luchar contra este problema.
Jorge Garrosa Mayordomo
Miembro de Cuenca Ahora
Nunca se sabe lo que vendrá, pero lo evidente es que los pueblos van menguando mientras las ciudades crecen. Es extraño cuando en muchos casos no es cuestión de lo que aporte o no la Administración de turno, sino que obedece a una elección personal.
He observado que son muchas las personas (familias) que no necesitan residir en la ciudad y que sin embargo allí hacen la vida, teniendo el pueblo, su pueblo, como lugar de descanso y recreo para algunos fines de semana, puentes y eso del veraneo.
Las Administraciones hacen poco y muchas veces mal, pero las propias personas nativas de los pueblos, en muchos casos, eligen que este despoblamento sea una realidad.
Ustedes mírense a sí mismos y a sus vecindades. Casos y casos.
Decir que los si los pueblos se vacían ” obedece a una elección personal”, es atribuir a las personas una capacidad de elección que no tienen. Si en los pueblos hubiera servicios públicos de calidad (educación, sanidad, servicios sociales); si los pueblos tuvieran mercado y bancos; si los pueblos tuvieran cultura y vida, realmente la gente se quedaría en los pueblos, no necesitaría residir en la ciudad y el pueblo sería algo más que un “lugar de descanso y recreo para algunos fines de semana”