La Estrategia regional frente a la despoblación y la destrucción de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.

Fernando Casas Mínguez

Profesor de Ciencia Política y de la Administración.

Es un lugar común afirmar que nuestro problema no es la despoblación, sino las estrategias seguidas en respuesta a la despoblación. Por este motivo, algunos gobiernos asumen que han ocasionado un grave deterioro de las condiciones de vida de la población de las zonas despobladas, mediante sus decisiones y “no decisiones” desacertadas.

Entre las decisiones adoptadas por los poderes públicos, en Castilla-La Mancha, en perjuicio de las zonas despobladas, se podrían citar el desmantelamiento de los servicios públicos de seguridad; el cierre de centros de atención primaria; y, en fin, la supresión de escuelas rurales. Entre las “no decisiones” cabrían mencionar, el no invertir en programas de ayuda a domicilio de las zonas rurales, para que las mujeres puedan trabajar; no invertir en una formación profesional adaptada a las necesidades del territorio; y no invertir en las tecnologías de la comunicación y la información, para hacer atractiva la vida rural y que la población esté conectada al mundo.

Este conjunto de decisiones y “no decisiones” han provocado que, como un castillo de naipes, también abandonaran los territorios empresas diversas, bancos, restauración y hostelería; dando lugar a una desertización progresiva, la degradación de la vida de las personas y la ausencia de oportunidades vitales.

La situación de abandono y atraso de las zonas de la España despoblada es tan grave, que es imposible que, por sí mismas, puedan desarrollarse. Tampoco podemos esperar que las rescate la mano invisible del mercado, porque los actores del mercado, empezando por los bancos, abandonan los pueblos cuando dejan de ser un negocio. Así que corresponde a los gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas, en coordinación con la Unión Europea, las diputaciones y los municipios, revitalizar y promover un desarrollo económico sostenible de las zonas despobladas.

El problema surge cuando los poderes públicos no tienen auténtica voluntad política, para ocuparse de las zonas despobladas y las siguen perjudicando. Una buena muestra de lo que queremos decir es la estrategia que llevan a cabo, de forma coordinada, la Confederación de Empresarios de Cuenca, el Ayuntamiento y la Diputación. El propósito de esta alianza público y privada es promover la destrucción y derribo de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.

La estrategia ha seguido dos fases. En la primera, el Ministerio competente abandona la línea de ferrocarril (con el silencio cómplice del gobierno regional), y no lleva a cabo las labores mínimas de mantenimiento. Tal es el grado de deterioro de la línea, que cuando viene una tormenta, como la Filomena, sus efectos son catastróficos y los trenes, entre Cuenca y Utiel, dejan de circular. Una vez conseguida la degradación de la línea, se pasa a la siguiente fase.

En esta segunda fase, el gobierno de Castilla-La Mancha tampoco aparece, porque su diagnóstico de la Estrategia regional frente a la despoblación defiende la importancia del ferrocarril. Así que se retira a un segundo plano y cede todo el protagonismo a la CEOE-CEPYME de Cuenca. Pero seamos claros, cunde la sospecha que en este negocio del ferrocarril, el gobierno regional y/o estatal están detrás de las bambalinas tirando de los hilos. Utilizan a la CEOE-CEPYME de Cuenca, para que proponga un Plan de Movilidad alternativa y el cierre de la línea de ferrocarril. La CEOE-CEPYME está encantada de colaborar con quienes detentan el poder (estatal, regional, provincial y municipal), porque consigue presencia en los medios, sensación de poder y figurar como defensora de los intereses del sector privado de transportes.

En el Plan de Movilidad de la CEOE-CEPYME de Cuenca están las claves para conocer el propósito de su alianza con el poder. Basta una ojeada para comprobar que estamos ante un Plan de negocio encubierto, dirigido a destruir en dos páginas la línea de ferrocarril, privatizar los servicios de transporte y presentar un proyecto de Rehabilitación de apeaderos, vía verde y urbanismo, cuya financiación se atribuye a la Adif.

La CEOE-CEPYME presenta su fantasía con dibujos, como si fuera una agencia inmobiliaria. No emplea argumentos en defensa de su Plan, simplemente lo vende con afirmaciones lapidarias del siguiente tenor: “La oferta ferroviaria por la red convencional no es competitiva” (sin precisar más);o bien,” la oferta de los modos alternativos es más atractiva” (sin aclara por qué); para concluir “Como alternativa a los servicios ferroviarios de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel solicitar un proyecto de movilidad alternativa”.

Pero lo que resulta más alucinante del Plan, es descubrir que la CEOE-CEPYME de Cuenca se propone como objetivos, no solo “garantizar y mejorar la movilidad de nuestro territorio” sino, prioritariamente, “hacer un mejor uso del gasto público”. Es decir, que CEOE-CEPYME ha recibido el encargo de conseguir que el gobierno del Estado ahorre, y por eso propone que no invierta, en la mejora del ferrocarril de Cuenca. De ahí que afirme: “Al dejar de prestar servicios subvencionados (con el cierre de la línea) se genera un ahorro para el MITMA (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana), que se destinará a “otros servicios”.

En mi opinión, la CEOE-CEPYME de Cuenca con su inefable Plan para que el Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana no invierta en Cuenca, comete un inmenso error. Como agente social de una provincia despoblada, su cometido es, según la Constitución, promover el desarrollo regional y estimular una justa distribución de la riqueza (artículos 9.2 y 131); pero no ofrecer planes para que el Estado no invierta, en la provincia más pobre de una región atrasada. Más aún, considerando que los Tratados de la Unión Europea establecen, que los Estados aumenten la solidaridad, promuevan la cohesión, el desarrollo sostenible y reduzcan las diferencias entre regiones (ver artículos 3.3, 174); y para corregir los desequilibrios, la Unión Europea crea los fondos europeos de desarrollo regional (FEDER).

En fin, de la lectura del Plan alternativo de movilidad surgen tres interrogantes. Primera, ¿por qué quienes presiden el Ayuntamiento y la Diputación apoyan un Plan de empresa, que propone que el Estado no invierta en Cuenca y suprima el servicio público de ferrocarril? Segunda, ¿por qué la CEOE-CEPYME de Cuenca es tan incompetente como para no ver el futuro en una línea de ferrocarril, electrificado o de hidrógeno, ni que sea posible combinar la inversión en la mejora del ferrocarril, con un servicio privado de transportes? Y en tercer lugar, la cuestión fundamental ¿qué pretenden los poderes públicos que están detrás de las bambalinas, tirando de los hilos, con su propuesta de que el Estado no invierta en Cuenca y desmantele la línea de ferrocarril?

A la vista del Plan de Movilidad, dudamos de la capacidad de la Confederación de empresarios de Cuenca para defender los intereses de la ciudadanía, de los empresarios, de la provincia y de la región. Creemos que una CEOE-CEPYME honorable exigiría el cumplimiento de lo establecido por la Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea; lo que implicaría liderar actuaciones serias, cerca del gobierno regional y del Estado para que, en el Año Europeo del Ferrocarril, se destinen fondos europeos de Recuperación y resiliencia, a mejorar la línea del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.