Un látigo restalla sobre una espalda donde se mezclan sangre, sudor y polvo del desierto. El esclavo que lo sufre levanta la cabeza y contempla al faraón impasible sobre un carro tirado por caballos y chapado en oro. La agacha de nuevo, aturdido, y tira con fuerza del ciclópeo bloque de piedra que arrastra junto a un centenar de compañeros: la pirámide que servirá de casa eterna para el cuerpo del faraón no va a construirse sola.

Si pensamos en el Antiguo Egipto, en seguida nos vienen a la memoria estas imágenes derivadas de los filmes norteamericanos. Empero, huelga decir que tienen poco de ciertos. ¡Ay, Hollywood, cuánto daño has hecho a la Historia con tus multimillonarias producciones! Entiendo que mi posición puede parecer quisquillosa y un tanto pedante, pero diré que en la época de la construcción de las pirámides quedaba algo más de un milenio para ver en Egipto un caballo tirando de un carro. Pero este no es el punto: el que nos incumbe es el de la esclavitud. Es cierto que existía la mano de obra esclava en las construcciones estatales egipcias, pero ni mucho menos era mayoría. La condición de esclavo en el país del Nilo estaba reservada, sobre todo, a cautivos de guerra. De hecho, las condiciones de los trabajadores libres eran sorprendentemente buenas. A modo de ejemplo, se conserva en el Museo Egipcio de Turín un papiro en el que se narra la que es considerada la primera huelga de la historia. Los obreros que trabajaban en la construcción de la tumba del faraón Ramsés III (1186-1155 a. C.), hartos de no recibir la asignación alimentaria que se les había prometido, se levantaron contra su señor exigiendo sus derechos.

Sin embargo, en España, a partir de 1939, al igual que en el Egipto de las películas, se explotó laboralmente a buena parte de los derrotados en la Guerra Civil, pero en la cruda realidad. Aun sin ser extranjeros, se los consideró como tales. No hacía falta que hubieran luchado en las filas del ejército legítimo para ello, únicamente por no compartir las ideas totalitarias de los vencedores era más que suficiente. Catalogados como delincuentes rojos, se volvió necesario buscar una salida justa y cristiana para esos pobres diablos. La vía de la prisión y el trabajo forzado servía para los arrepentidos, considerados redimibles y que podían volver a cohabitar en sociedad doblegados por el régimen. A los que no abjuraban del bando perdedor les esperaban el paredón y la fosa. Pero más allá de la conversión ideológica estaba la realidad económica de un país destrozado por aquel golpe de estado de 1936. Franco debía a Alemania e Italia -sus aliados fascistas- más de 5000 millones de pesetas por el continuo torrente armamentístico que recibió durante el conflicto y que sin duda inclinó la balanza a su favor. Esta deuda, unida a la escasez de mano de obra y a la sobrecarga de las prisiones, llevó al régimen a crear el Patronato Nacional de Redención de Penas por el Trabajo. El Caudillo estaba con el agua al cuello, y la necesidad es la madre del ingenio. Por ello, la institución cumplía tres funciones esenciales: la redención espiritual de las almas republicanas mediante el trabajo físico, la mejora del régimen carcelario y el salvamento del Tesoro Público.

El problema de la saturación de las prisiones llevó, al final de la guerra, a establecer el llamado Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Consideradas como campos de concentración al estilo nazi, contenían a los presos políticos de la Dictadura. Se estiman en 280.000 los cautivos en las colonias, que representaban el 10% de la población activa del país [1]. De estos, pues, se nutría el Patronato. El modus operandi era el siguiente: empresas y organismos públicos solicitaban presos de las colonias, y los responsables de las mismas decidían el número y su procedencia. Si bien es cierto que los forzados trabajadores recibían un jornal, conviene resaltar que de 14 pesetas que le correspondían a quienes eran enviados a trabajar en una empresa privada, solo le quedaban 50 céntimos del total; pues 3 eran para su familia, 1,40 para gastos de alimentación y 9,10 eran para Hacienda [1]. El trabajo era prácticamente gratuito. Fueron numerosas las empresas que se lucraron a costa de la mano de obra que le ofrecía la generosidad del Generalísimo. Algunas de ellas cotizan hoy en día en el IBEX 35. Es el caso de Dragados y Construcciones –que ahora forma parte del grupo ACS- o Entrecanales y Tavora –hoy Acciona-.

En cuanto a las construcciones públicas, ha de decirse que no hubieran sido posibles tantas como se realizaron desde los primeros años del Franquismo sin los presos políticos obligados a trabajar en ellas. Carreteras, puentes, reconstrucción de ciudades y pueblos arrasados durante la guerra… o los milagros hidráulicos de la dictadura: los pantanos y embalses. Tales proyectos, pese a aprobarse e incluso ser iniciados durante la II República –como el de Alarcón, en 1937-, fueron el gran orgullo del gallego –y lo sigue siendo de sus nostálgicos relictos de hoy en día-. La consecución de estas obras faraónicas tras el conflicto no hubiera sido posible sin la mano de obra esclava. En Cuenca, la información acerca de las obras donde se utilizaron trabajadores forzados es escasa, aunque parece claro que se usaron en la construcción de la Carretera Nacional 3 entre Honrubia y el Puerto de Contreras [1]. En cuanto a los tres grandes pantanos conquenses, es muy probable que se requiriera de la ayuda de los presos para su construcción, al menos en Buendía -inaugurado en 1958- y Alarcón     –en 1955- , cuyas obras se iniciaron durante los primeros años del Franquismo.