Algo que se repetía con las/os demás maestras/os de Tarancón. Pero, ¿de qué me sorprendía? Sabemos que la educación tiene que ver con la posibilidad de elaborar la conciencia y disputar el futuro [1], por lo que el manejo del sistema escolar resulta clave para intentar orientar masivamente formas afines de entender el mundo y comprendernos en él. Así lo asumió el Frente Popular cuando, ante el golpe de estado antidemocrático sucedido en 1936, reformuló la concepción de maestro/a, reconociendo la necesaria cooperación docente en la lucha ideológica contra el fascismo [2]. Siguiendo este criterio, un total 5,29% (229 de 4329) del magisterio de Primera Enseñanza fue sancionado en Castilla-La Mancha por el gobierno frente-populista. Para el caso de la provincia de Cuenca, se sancionó al 4,51% de maestros/as (49 de 1086). Tales sanciones se tradujeron en algunas de las siguientes consecuencias: traslado forzoso pendiente de nuevo destino; jubilación forzosa o separación definitiva del servicio [3].

Pero al magisterio castellanomanchego le esperaba una segunda depuración. Según las tropas franquistas tomaban nuevos territorios, se ponían en marcha distintos procesos represivos entre los que se encontraba la depuración de los cargos públicos. El 8 de noviembre de 1936, mediante el Decreto 66 que regula la depuración del personal docente, se crearon las comisiones encargadas de la depuración de cuatro tipos de profesorado: 1) universidad; 2) escuelas de ingenierías y arquitectura; 3) enseñanza media, inspección educativa y profesorado de Escuelas Normales y personal de las secciones administrativas; y 4) magisterios de Primera Enseñanza. De las dos últimas se creó una comisión por cada provincia, mientras que las dos primeras eran únicas [4].

La sección D de la comisión depuradora conquense, encargada del magisterio de Primera Enseñanza, fue formada por: Manuel López Hernández como presidente; José Álvaro Navalón como secretario; Emiliano Vázquez Recuenco, Elpidio Miranzo Moreno y Donato M. Castellanos Mercedes como vocales. Aunque se aplicaban unos criterios comunes, cada caso era tratado según la “gravedad” y dependiendo en buena parte de la exigencia y el fanatismo del miembro de la comisión encargado de elaborar el informe, por lo que un mismo comportamiento no siempre supuso la misma resolución, tanto a nivel inter- como intra-provincial. El esquema general del proceso depurador solía ser el siguiente [5]:

1. Separación del servicio mientras se lleva a cabo la depuración, que podía tener un resultado positivo (reincorporación al cargo docente) o negativo (sanción). Se aplicó a la totalidad del magisterio de cada territorio tomado, puesto que nadie estaba totalmente libre de sospecha.
2. Cada maestra/o debía presentar una Declaración jurada en un margen de ocho días, indicando: cuándo y mediante qué vía ingresó en el cuerpo docente; qué cargos desempeñó; partidos políticos y sindicatos a los que perteneció; si prestó adhesión al “gobierno marxista o a las autoridades rojas” o bien al “Movimiento Nacional”, concretando fecha y forma en el que efectuó tal apoyo. Habitualmente, se añadían nombres de personas que pudieran dar testimonio favorable y coherente en relación con dicha declaración (con el riesgo que esto suponía para la persona que ofrecía su palabra), así como informes preceptivos por parte de autoridades con “solvencia ideológica” (alcalde, párroco, guardia civil…) que servían como avales. Lamentablemente, también llegaban a la comisión informes voluntarios por parte de compañeros/as y/o vecinos/as que servían de denuncia y delación.
3. Tramitación ministerial según los informes recibidos por parte de las comisiones y publicación de los correspondientes listados con los resultados de las depuraciones.
4. Quienes habían recibido la sanción, podían comenzar un proceso largo y costoso para demostrar su “buena conducta y adhesión al Régimen”. Dejando de lado las penas de muerte emitidas por otro tipo de tribunales, las sanciones de las comisiones de depuración podían suponer: inhabilitación para cargos directivos y de confianza; suspensión temporal de empleo y sueldo; traslado dentro o fuera de la provincia; jubilación forzosa; separación definitiva de la función docente.

De 4.329 maestros y maestras que ejercían en la región castellanomanchega, los castigos alcanzaron a 1.034 (23,88%). El franquismo se cebó especialmente con las provincias que fueron leales a la República hasta el final, con la excepción de Ciudad Real. Siguiendo esa lógica, encontramos a Cuenca con el 26,61% del magisterio de Primera Enseñanza sancionado, en segunda posición tras Albacete (30,98%) dentro de Castilla-La Mancha y en séptima posición a nivel estatal. La variación intraprovincial también fue reseñable, como vemos: