Se conmemora este 14 de abril el nonagésimo aniversario del advenimiento de la Segunda República Española. Entre 1931 y 1939 el pueblo español, en su afán por dejar atrás el sistema corrupto y caciquil de la monarquía alfonsina, se transmuta con la ambrosía de la libertad emprendiendo un apasionante proceso histórico. La sociedad toma conciencia de su atraso y del profundo desajuste entre sus estructuras económicas y sociales y las acuciantes necesidades de un país moderno. La mujer abandona su secular gineceo y se incorpora a la vida social y política, obteniendo el derecho al sufragio activo, accediendo a la condición de parlamentaria (Nelken, Ibárruri, Campoamor, Kent, Lejárraga, Álvarez, De la Torre, etc.) y alcanzando, incluso, el cargo de ministra (Federica Montseny). Los trabajadores adquieren conciencia de sus derechos y plantean su exigencia no como dádivas graciosas de los patronos, sino en razón de la justicia debida. El derecho a la propiedad privada queda supeditado al interés nacional y se inicia, no sin innumerables resistencias, la reforma agraria. Se defiende la separación entre Iglesia y Estado para poner coto al predominio secular de la primera sobre el segundo y a sus privilegios exorbitantes. Las transformaciones alcanzan al arte, a la literatura, al teatro o a la poesía; es la época en la que adquiere su máximo esplendor la generación del 27, que bien puede llamarse “generación de la República”, porque en ella brilla y se realiza cada uno de sus integrantes.  El enérgico impulso a las reformas pedagógicas y educativas convierten a la República en la “República de l@s Maestr@s”. Desde el Ministerio de Instrucción Pública se da batalla a la vergonzante lacra del analfabetismo. La enseñanza primaria pasa a ser gratuita y obligatoria, laica e inspirada en ideales de solidaridad humana. En sólo 3 años se crean más de 10.000 escuelas primarias a las que asisten por primera vez más de un millón de nuevos alumnos. El presupuesto en educación se duplica y se dignifican los sueldos de los maestros, cuya plantilla se amplía significativamente. Los institutos se extienden a todos los núcleos urbanos de cierta consideración y aumenta el alumnado universitario, multiplicándose la presencia femenina. Al mismo tiempo, las Misiones Pedagógicas y las Universidades Populares realizan una labor de extensión cultural digna de encomio. El proceso de radical transformación y modernización del país que cobra bríos durante el bienio republicano-socialista es frenado en los años 1934-35 en el llamado bienio negro o contrarreformista y se retoma tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. El golpe de estado fascista contra la Democracia Republicana y la subsiguiente guerra civil protagonizados por las oligarquías reaccionarias, la iglesia católica y parte del ejército frustraron el avance, el progreso y las políticas emancipadoras inherentes al proyecto republicano.

Durante nuestra “larga noche de piedra”, el régimen criminal implantado por el franquismo con el decisivo apoyo de los fascismos alemán e italiano prosiguió perpetrando durante más de cuarenta años su genocidio fundacional. No obstante, nunca consiguieron doblegar la resistencia antifascista. Lo intentaron mediante la comisión de toda suerte de crímenes contra la humanidad: asesinando en masa y encarcelando, torturando, dando palizas y cometiendo violaciones, depurando y ejecutando maestras y maestros; robando millares de bebés a las madres republicanas para la eliminación del “gen rojo” o aprobando la deportación a los campos de exterminio nazis de diez mil republicanos españoles. Mediante las quemas ejemplarizantes de libros, incautando bienes públicos y privados, rapando para escarnio público las cabezas de miles de mujeres… Todo ello con el objetivo de extirpar el legado republicano de la memoria de las generaciones posteriores a 1936, haciendo desaparecer del imaginario colectivo las conquistas y avances democráticos y laborales.

La última restauración borbónica surge precisamente del golpe de estado del 18 de julio de 1936: Juan Carlos Borbón fue nombrado a dedo por el dictador que durante 40 años encabezó el “régimen de rapiña y de terror” (Preston, Viñas) en que consistió el franquismo. Adolfo Suárez reconoció a la periodista Victoria Prego en una entrevista ocultada durante muchos años que la monarquía había sido colada de matute en la Ley de Reforma Política y en la Constitución, sustrayéndola del veredicto de las urnas, pues disponía de estudios demoscópicos según los cuales el pueblo español apostaba decididamente por la República. De modo que, a pesar de las presiones de distintos mandatarios europeos, en nuestro país, tras la dictadura, y contrariamente a lo que aconteció en la Italia postmussoliniana o en la Grecia posterior a la dictadura de los coroneles, nos privaron de celebrar un referéndum sobre la forma de Estado, la voluntad popular no pudo manifestarse y en las primeras elecciones (1977) se mantuvieron proscritas las opciones republicanas.

La descomposición de la monarquía borbónica se acelera estos días con el afloramiento de nuevas y desvergonzadas fechorías: la doble confesión del “patriótico” rey bribón de su defraudación millonaria a la Hacienda española y la vacunación de las infantas saltándose la cola. Son patéticos, por inútiles, los esfuerzos de los palanganeros políticos y mediáticos por ocultar el tsunami de corrupción que anega a toda la familia real. Caen igualmente en el ridículo los lisonjeros áulicos en sus desvelos por desvincular al rey ejerciente de las prácticas corruptas con la extravagante disculpa de que “hay que separar la institución de la persona”, afirmación que no pueden sino tomarse a chacota cuando precisamente se trata de una institución monopersonal (monarquía es etimológicamente el gobierno de uno). Por añadidura, Felipe VI conocía el proceder indiciariamente delictivo del rey fugado y lo encubrió durante largo tiempo, es beneficiario de varias fundaciones que han servido de tapadera a la comisión de los actos criminosos y recibía, según la amante del emérito, sustanciosas cantidades en cash de origen turbio, como el resto de integrantes de la familia Borbón-Grecia, también convenientemente provistos de tarjetas black. El corolario cutre y cañí del escándalo lo pone la existencia, reconocida por Zarzuela, de la máquina de contar billetes con la que ocupaba su ociosidad este otro “rey felón”, cual Tío Gilito redivivo.

La monarquía, parlamentaria o no, es una institución medieval, antidemocrática y machista, fundamentada en la herencia de privilegios, con el agravante en el caso español, de que han sido heredados de un régimen fascista, asesino y corrupto y de que el trono ha servido de trampolín delictivo. Por su ilegitimidad en origen y en ejercicio, el carácter monárquico de nuestro sistema político es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.

Se hace más perentorio que nunca un nuevo pacto constitucional basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la defensa de lo público y la justicia social. Una Constitución que establezca un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que forman España. Una Constitución que garantice los derechos sociales: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y que blinde servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que recoja el principio de que la economía esté al servicio de la mayoría social. Que estatuya un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, sostenibilidad e innovación. Que establezca de modo real y efectivo la igualdad entre hombres y mujeres. Que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana.

“Delenda est monarchia”. Es hora de decidir. Es hora de que el pueblo soberano se exprese directamente sin argucias ni intermediarios. Es la hora de la República.