Con el objetivo de hacer frente a las circunstancias económicas y sociales provocadas por la II Guerra Mundial nace el pacto social sobre el que se ha fundamentado la sociedad occidental contemporánea hasta la actualidad. Este pacto supuso la aceptación de la economía de mercado capitalista por parte de la clase trabajadora – con bastante poder por aquel entonces, debido a la falta de mano de obra como consecuencia de la guerra y a la todavía poco desarrollada maquinización de las fábricas o del mundo agrario –, a cambio de la implementación de lo que se denominó el Estado de Bienestar o Welfare State, que pretendía la conciliación entre crecimiento económico y progreso social mediante la teórica limitación de la libertad de mercado y el compromiso de la disminución de las desigualdades materiales.

Así, el pacto social pretendía, a cambio de que la clase obrera aceptara mantener el sistema capitalista y los cimientos para el nuevo mercado neoliberal globalizado, garantizar un mínimo de calidad de vida a toda la población mediante la implementación de un abanico de servicios y coberturas públicas para todos los ciudadanos (trabajo con salario decente, cobertura sanitaria, educación gratuita, etc.), además de una promesa de ascenso social.

Sobre esta base, en la Europa de mediados del siglo XX se llevaron a cabo políticas públicas que hoy en día serían tachadas de imposibles, como el establecimiento de impuestos muy gravosos para las rentas altas. Por ejemplo, en 1964 el Reino Unido estableció que las rentas anuales superiores a 20.000 libras debían pagar impuestos que en algunos casos superaban el 90%, es decir, de cada 10 libras de ganancia 9 iban a parar a las arcas públicas. Esto le valió a Harold Wilson, el primer ministro que aprobó la mencionada reforma impositiva, una canción dedicada de los Beatles llamada “Taxman”. Se trató de un salario máximo encubierto cuyo objetivo no era otro que poner fin a una clase de ingresos considerados obscenos por ser desorbitados, especialmente en la coyuntura social que estaba pasando el país.

Sin embargo, en los años setenta, tras el rápido crecimiento de los años de posguerra, se produce un estancamiento debido a la tendencia inflacionista del dinero, al atraso tecnológico de las grandes empresas, etc., a lo que se unió la crisis del petróleo de 1973. Esto llevó al surgimiento de amplias críticas contra el modelo de Estado Bienestar perseguido. Ello tuvo su reflejo práctico casi inmediato en Gobiernos concretos como el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña o el de Ronald Reagan en Estados Unidos, que llevaron a cabo un desmantelamiento parcial y selectivo del Estado de Bienestar.

Sobre esta base histórica se ha mantenido hasta la actualidad en Europa una versión más o menos limitada del Estado de Bienestar, dependiendo de cada país que, en todo caso, ha renunciado a la persecución de la igualdad material sustituyéndola por una indignación moralizante de la pobreza y de la necesidad o por el concepto de igualdad de oportunidades. Respecto a la primera, no supone más que la aceptación de la pobreza de parte de la población como un pequeño precio a pagar por el mantenimiento de un sistema más o menos cómodo para la mayoría y extremadamente beneficioso para una muy restringida minoría.

En cuanto a la igualdad de oportunidades, se trata de un proyecto meritocrático de acuerdo al cual cada uno debe ser recompensado – desde social a económicamente – en función de sus capacidades, esfuerzos y logros, lo cual supone que la única respuesta frente a la desigualdad se deja a la individualidad de cada persona, que a través de la consecución del éxito académico, empresarial, etc. logra ser tan “bueno” como las clases altas. En definitiva, no es más que una forma de justificar los privilegios de una élite – es decir, de la desigualdad – por sus superiores méritos. Dejando de lado la imposibilidad de lograr un punto de partida similar para todos los ciudadanos, ya que no todos los niños y niñas nacen con las mismas cualidades y aptitudes físicas o intelectuales, ni tienen entornos sociales y familiares óptimos para su desarrollo para que se pudiese desarrollar de forma “justa” esa competición meritocrática, aún en ese caso, esta no tiene ningún sentido. No se trata tanto de que todo el mundo disponga de las mismas oportunidades para convertirse en un multimillonario con el suficiente poder adquisitivo para poder disfrutar de lujos obscenos y decadentes sino, más bien, en que todo el mundo pueda vivir de una forma digna.

Ya en 2017 el Informe sobre desigualdad de Intermon Oxfam, basándose en datos de la revista Forbes y en el reporte anual “Credit Suisse Global Wealth”, calculó que tan sólo los 8 mayores multimillonarios tienen más dinero que la mitad de la población del mundo – por aquel entonces unos siete mil millones de personas –. En este sentido, pese a haber disminuido su fortuna en seis mil millones de euros durante 2020 como consecuencia, entre otras cosas, de la pandemia de coronavirus, el patrimonio de nuestro compatriota Amancio Ortega se estima en 57.000 millones de euros, lo cual significa que, teniendo en cuenta que el sueldo más común en España es de unos 19.000 euros anuales y la media de la vida laboral de 35 años, se necesitarían 85.714 vidas ahorrando íntegramente el sueldo para igualar dicho patrimonio.

No hay proyecto meritocrático que logre justificar tal desigualdad, sin importar si la fortuna es “merecida” o cuál es la situación de los que peor están, más aún cuando por lo general los procesos de desarrollo que han permitido tal acumulación de riqueza únicamente han sido posibles como consecuencia de transformaciones económicas o políticas que han resultado catastróficas para la mayoría de la población, como puede ser la deslocalización de centros de producción a países subdesarrollados al inicio del proceso globalizador. A esto hay que añadir que, por lo general, los casos en los que se produce un alto crecimiento de la riqueza privada suelen estar acompañados por un esfuerzo colectivo importante, ya sea en forma de contratos o ayudas públicas.

Con todo esto, es obvio que el contrato social del siglo XX es un proyecto caduco que debe proceder a su total renovación. El nuevo contrato social debería tener como objetivo la igualdad en su sentido amplio, no basada en un programa meritocrático, sino en la máxima «De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades». Para esto es necesario la existencia de un Estado fuerte con una sociedad que entienda los servicios públicos como inversiones y no como gastos y la igualdad real de sus ciudadanos como uno de sus principales objetivos. Esta evolución del sistema requerirá de cambios culturales y sociales importantes, y supondrá sustituir la idea de competencia por el cooperativismo en el mercado como forma de desarrollo sostenible e igualitario.